Desde ARYDA llevamos tiempo denunciando que el “peritaje independiente” no es real y esto ha vuelto a quedar reflejado en un procedimiento judicial relacionado con diferencias en facturas de reparación.
Durante un proceso judicial impulsado por un taller madrileño contra MAPFRE se ha evidenciado esta realidad sobre el peritaje.
Varios empleados vinculados al área de proveedores y peritación declararon sobre cómo funcionan determinados procesos internos relacionados con la fijación de importes en las peritaciones.
Uno de los empleados reconoció que determinados precios relacionados con la mano de obra responden a criterios establecidos dentro de la propia compañía.
Otro responsable explicó además que el perito que realiza la valoración no siempre puede modificar directamente ciertos parámetros económicos de la peritación, indicando que esas decisiones dependen de otros responsables internos.
“El perito directamente en peritación no, el coordinador de peritos sí.
Posteriormente, el propio perito que intervino en el procedimiento declaró que no suele comprobar el precio de mano de obra expuesto públicamente por el taller cuando realiza sus visitas.
“No sé, la verdad es que no lo he mirado nunca.”
Estas declaraciones vuelven a abrir un debate incómodo para el sector asegurador: hasta qué punto una peritación puede considerarse veraz, objetiva y adecuada cuando existen criterios económicos previamente definidos por la propia compañía. El perito en este caso, como empleado de la compañía es un mero valorador de daños, ya que no tiene la autonomía necesaria para llegar a un quantum indemnizatorio independiente.
Para muchos talleres, el problema va mucho más allá de una discusión entre reparador y aseguradora.
La cuestión de fondo es clara: si la peritación económica de una reparación viene condicionada por la aseguradora, ajeno a los criterios propios del perito y a la realidad técnica de la reparación, quien puede acabar perjudicado es el propio asegurado.
Porque cuando una reparación se infravalora económicamente, lo que se reduce no es solo una factura: puede reducirse también la indemnización necesaria para devolver el vehículo a su estado anterior al siniestro.
Desde hace años, talleres de toda España denuncian situaciones similares: mano de obra limitada, tiempos recortados, reparaciones discutidas y peritaciones sometidas a parámetros económicos que, según el sector, no siempre reflejan la realidad técnica de la reparación.
El debate ya no está únicamente en cuánto cuesta reparar un vehículo. El debate está en quién decide ese importe y bajo qué criterios.
Desde ARYDA consideran que este tipo de procedimientos ayudan a poner luz sobre una problemática que afecta diariamente a talleres y asegurados, y reiteran su compromiso con la defensa de unas peritaciones transparentes, técnicamente objetivas y ajustadas a la realidad de las reparaciones.
La asociación seguirá trasladando a las instituciones y a la opinión pública aquellas situaciones que, a juicio del sector, puedan afectar a los derechos de los consumidores y al equilibrio en las relaciones entre aseguradoras y talleres reparadores.